“Señor jefe de la custodia, proceda a la detención de los imputados (Eduardo) Di Lella, (Hugo) Sánchez, (Nicolás) Barrera y (Hugo Rubén) Brito”, ordenó Dante Ibáñez, presidente de la Sala III, en momentos en que se finalizaba la lectura de la sentencia que llevaba más de 30 minutos. Ahí, los abrazos y las miradas casi congeladas de contención se mezclaron con los gritos de enojo y negación en plena sala de audiencias. Los efectivos de la Policía Federal (PFA) cumplieron con la orden y los cuatro de los seis enjuiciados salieron con la manos sujetadas con esposas por los pasillos del Palacio de Justicia. Roberto Luis Gómez, el único acusado de homicidio, se retiró aliviado tras ser absuelto.

El fallo unánime de los jueces Ibáñez, Carlos Caramuti y Rafael Macoritto dio por comprobado el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, ocurrido el 26 de febrero de 2006, hace 13 años. Los magistrados de la Sala III consideraron que los funcionarios del gobierno de José Alperovich realizaron maniobras para entorpecer la investigación del homicidio de la joven, delito agravado por formar parte justamente de la cúpula policial e integrar el gabinete del Ministerio de Seguridad provincial, en el caso de Di Lella.

Los jueces condenaron al ex secretario de Seguridad y a Sánchez, ex jefe de la Policía, a seis años de prisión por obstaculizar el desarrollo de la causa, en concurso ideal con la falsificación ideológica de instrumento público. Además, dispuso la inhabilitación por 10 años para ejercer cualquier función en la administración estatal para ambos culpables.

Barrera, ex subjefe de la fuerza de seguridad, fue penado con cinco años y seis meses prisión por las mismas figuras y la inhabilitación por nueve años para desempañar un puesto estatal. Mientras que el ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN) fue condenado a cinco años prisión y la imposibilidad de realizar funciones en la estructura del Estado provincial.

Waldino Rodríguez, el otro policía acusado, ha sido considerado partícipe secundario del delito de falsificación de documento público, por lo que la Sala III dispuso la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Los jueces impusieron que este condenado realice tareas comunitarias: debe fijar residencia en la provincia; realizar tareas durante 10 horas semanales en un establecimiento dedicado al bien público, que será determinado por el Juez de Ejecución de Sentencia, entre otras condiciones. A su vez, fue absuelto de las figuras de falso testimonio, coacción agravada contra los hermanos Goitea, los baqueanos que habían hallado el cuerpo de la estudiante el 11 de marzo de 2006.

Sin embargo, el crimen de Paulina no tuvo un culpable, ya que el Tribunal absolvió a Gómez de culpa y cargo como autor o partícipe secundario del delito de privación ilegítima de la libertad seguida de muerte. Pese a esta decisión, el electricista de la comuna de San Andrés será investigado por posible encubrimiento por los hechos ocurridos con relación al homicidio de la estudiante universitaria.

La sentencia abrió, como lo dijo anoche Alberto Lebbos, padre de la víctima, un abanico de investigaciones por el homicidio, por posible falso testimonio y por el encubrimiento contra varios testigos, entre ex funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) y de la Policía que pasaron por las más de 130 audiencias orales. Inclusive, el propio Alperovich podría ser señalado como responsable del “ilegítimo” ascenso del ex comisario Enrique García, quien cumple condena de cinco años de cárcel por falsear el acta del hallazgo del cuerpo de la joven en la ruta 341, en Tapia.

“No puedo estar contentos porque los asesinos de Paulina siguen entre nosotros (...) Cuando el Tribunal daba la sentencia, sentí y reafirmé en mi alma el compromiso de seguir en esta lucha”, enfatizó Lebbos al cierre de la jornada, que se extendió por casi 12 horas, frente a organizaciones políticas y sociales.